No había ambulancia: Corte Suprema ordena indemnizar a familia de escolar muerto en cicletada

La Corte Suprema acogió recurso de casación presentado en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, ordenado a la Municipalidad de Tomé el pago de 50 millones de pesos a los padres de Eduardo Antonio Carrasco Garrido, de 14 años, quien falleció atropellado mientras participaba en una cicletada organizada por el Centro de Alumnos del Liceo Comercial C-20 de Tomé y la Oficina Municipal de Jóvenes, el 25 de mayo de 2011, en la comuna de Tomé, Octava Región.

Fuente: pjud.cl

La Tercera Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Rubén Ballesteros, Héctor Carreño, Rosa Egnem y los abogados (i) Arnaldo Gorziglia y Guillermo Piedrabuena- acogió el recurso de casación y dictó sentencia de reemplazo revocando la decisión adoptada por el Juzgado de Letras de Tomé  -y confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción-, al considerar que la Municipalidad de Tomé tiene responsabilidad en el accidente.

«En estas condiciones es posible predicar respecto de la entidad edilicia demandada que dicho órgano del Estado, en su calidad de organizador del evento en el que ocurrió el accidente de que se trata, no actuó pese a que se hallaba obligada a hacerlo o que, al menos, su intervención en los hechos citados resultó claramente defectuosa e insuficiente. Que a estas consideraciones se suma el hecho acreditado en la causa consistente en que los organizadores no incluyeron la presencia de una ambulancia que acompañara a los participantes en el evento», razona el fallo de reemplazo.

«Dicha omisión, en la que incurrió el municipio demandado en la calidad anotada, supuso que no se contara oportunamente con asistencia médica adecuada en el lugar de los hechos, exigencia de evidente utilidad que, sin embargo, no fue contemplada en la planificación de la actividad deportiva en comento. La mentada omisión no hace sino poner de relieve y reafirmar el defectuoso proceder de la Municipalidad de Tomé en su carácter de organizadora de la cicletada en cuestión», agrega.

En la sentencia, además, la Tercera Sala de la Corte Suprema se hace cargo de la autorización dada por la familia para que el menor participara en el evento. A juicio del máximo tribunal: «Que si bien de la prueba referida es posible colegir la existencia del documento en el que la demandada funda la defensa en examen, de él, sin embargo, no es posible extraer los efectos liberatorios que esa parte pretende. En efecto, de su texto se desprende que los padres de cada uno de los menores participantes en la citada cicletada asumieron sobre sí todos los riesgos derivados de una actividad en cuya organización y control no tenían injerencia alguna».

«Por el contrario, y como lo sostienen las partes, el municipio y otros entes, incluyendo entre ellos a Carabineros, se encargaron de planificar su realización, sin perjuicio de que su actuación sobre el particular haya resultado ser insuficiente y defectuosa. En esas condiciones cualquier renuncia de derechos y acciones basada en la asunción de un riesgo en cuya generación no han intervenido y sobre cuya ocurrencia no tienen control alguno resulta a todas luces abusiva, pues devela la sola intención del municipio de eximirse de culpa de la manera más amplia y absoluta, pretensión que no puede ser admitida, máxime si los términos en que se encuentra redactada resultan vagos, genéricos, imprecisos y desusadamente confusos, por lo que aparece evidente que quienes los suscribieron difícilmente pudieron calibrar la exacta naturaleza y los precisos límites de la casi ilimitada liberación que se les obligaba a firmar, pues, como lo declaran los testigos del propio demandado, la suscripción de tal «colilla» era un requisito sine qua non para la participación de los menores en la actividad».

Asimismo, la resolución del máximo tribunal releva la informalidad del documento suscrito por los padres de los participantes en la cicletada escolar, denominado: «Certificados de participación ante accidente».

«Por último, avala la convicción expresada el carácter informal del documento, redactado en una suerte de volante de dimensiones reducidísimas y suscrito por el solo apoderado, sin que intervenga solemnidad alguna, lo que pone aún más de relieve el carácter descuidado y poco serio de la actuación de que da cuenta».

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