





El Gobierno le otorgó $584 millones a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) de la Región Metropolitana para que licite en los próximos días los estudios necesarios para reactualizar el fallido plan de descontaminación de Santiago (PPDA), que se inició en 1998 y recientemente sacó nota roja en una auditoría internacional.
La reducción del 75 por ciento en los fondos que hizo el Ejecutivo a la Conama de la Región Metropolitana en los últimos cinco años impidió, entre otras cosas, realizar 11 investigaciones sobre el esmog.
De ahí la importancia de que por fin le traspase los recursos necesarios para realizar el dilatado catastro de emisiones, el rediseño de las estaciones de monitoreo de la red Macam -con cuyos datos se decretan las alertas, preemergencias y emergencias-, indicadores epidemiológicos y un registro de amonios.
Otro factor que consideraban los 11 estudios no realizados es caracterizar la calidad del aire intradomiciliaria.
Pablo Badenier, director de la Conama RM, explicó que las licitaciones de los estudios se harán a través de ChileCompra.
"Están hechos los TDR, que son las bases de licitación, para llamar a concurso a la brevedad", anunció Badenier.
Las investigaciones son claves para las nuevas normas antiesmog que impulsará el Gobierno, como la prohibición de la calefacción residencial a leña, normativa para los camiones, buses y los grupos electrógenos.
Durante el segundo semestre estarán listos los estudios sobre las estaciones de monitoreo y el inventario de emisiones, y para el próximo año los restantes, informa el diario El Mercurio.
NORMARÁN PARTÍCULA PM 2,5
El Gobierno decidió crear una norma para el material particulado PM 2,5, más fino y nocivo, y que entra directamente a los alvéolos pulmonares.
La medida será un drástico y costoso cambio, porque hoy sólo está normado el material particulado PM10 (más grande) que se usa para decretar alertas, preemergencias y emergencias ambientales.
Sin embargo, la intención del Ejecutivo de hacer la polémica norma data de 1999, cuando la declaró "prioritaria".
Ello significaba destinar recursos para hacer los costosos estudios científicos que demuestren su conveniencia.
El 20 de septiembre de 2004, la entonces directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Conama, Paulina Saball, señaló: "Estamos trabajando en los estudios de esa norma, que son muy caros. Cuando terminen, viene la etapa de validación, aprobación y entrada en vigor".
Pero sólo fue una declaración de buenas intenciones.
El paso que anunció el Ejecutivo, ahora, será destinar los recursos para iniciar los estudios, que durarán al menos un año.
Los científicos avalan la nueva norma porque el PM 2,5 es el más nocivo para la salud.